Los dilemas libios

Foto: AFP

El caso del personal del hospital de Benghazi acusado por la infección con VIH de 426 niños tiene tres aspectos que hacen que el proceso penal se vea enrarecido, arrastrando a los inculpados - un médico palestino y cinco enfermeras búlgaras- hacia la posibilidad de ser sentenciados a pena de muerte cuando no se ha podido establecer si eran los culpables.

El primero es la tendencia de al-Gaddafi a reencontrarse con la comunidad internacional occidental, tras largos años de aislamiento. Esto puede tener el efecto de minar la legitimidad del dictador como un reformista y un líder para el pan-arabismo, así como marcar el fin de su doctrina de la Jamahiriya (Estado de las Masas, libio y pan-árabe). Para evitar la pérdida de poderío político, al-Gaddafi encontrará muy difícil ceder ante la cerrada defensa que ha hecho la UE y el cabildeo internacional del gobierno búlgaro respecto a los inculpados, pues lo contrario podría dejarlo como aquel que doblega la jurisdicción libia ante "las potencias occidentales" (Angela Merkel y Condoleeza Rice se han expresado contra la sentencia). La presión internacional sobre su gobierno puede ser contraproducente, pues le quitaría margen de acción sobre el tema, politizando aún más la decisión de la Corte Suprema respecto a la apelación que los acusados presentarán contra su sentencia.

El segundo es la siempre complicada demanda de los familiares de las víctimas por hallar culpables, sean quienes sean. El antagonismo que ha presentado la prensa respecto a la judicatura libia y los políticos europeos ha opuesto el interés de "hallar culpables" frente a la defensa de unos supuestos chivos expiatorios. Luc Montagnier, uno de los descubridores del VIH, y de Vittorio Colizzi, profesor de la Universidad de Roma, concluía era que las infecciones fueron anteriores a la llegada de los acusados al hospital, y que lo más probable es que aquellas hayan sido provocadas por los bajos estándares de higiene en que se trabaja en Benghazi. Esto eximiría al personal médico de responsabilidad.

Este testimonio no fue tomado en cuenta por la Corte, y eso se debería al tercer aspecto relevante: si los acusados no son los culpables, todo apunta a una responsabilidad del gobierno como administrador del hospital de Benghazi. Dicho testimonio fue corroborado por un informe publicado este mes por la revista Nature, después de la preclusión del plazo para presentar pruebas. El gobierno libio ha estimado en 10 millones de euros la indemnización por cada niño infectado; sería un tremendo golpe, político y económico, que el gobierno libio resulte responsable de forma vicaria por negligencia.

Parece ser más sencillo pasarle la factura al gobierno búlgaro: se estima que si se paga un "rescate" que corresponda al monto de la reparación del daño a los niños o sus familiares, la pena podría conmutarse. El gobierno búlgaro ha señalado que no pagará, pues ello implicaría aceptar la culpabilidad de las enfermeras. Como sea, es una dura prueba para las nuevas credenciales pro-occidentales de al-Gaddafi, y su manejo de esta situación lo pone en una situación en la cual perderá sin importar la alternativa que escoja. Lo esencial para él será determinar cuál es la pérdida que mejor podrá soportar.

Lo que deja Pinochet

Foto: Thomas Hoepker

Cuando se discute sobre los abusos cometidos durante el gobierno de Augusto Pinochet, sus apologistas suelen insistir en dos supuestos grandes logros del dictador: la contención del comunismo y el desarrollo económico del cual goza Chile hace años. Estas son dos grandes falacias que no deberían ser tomadas en consideración para justificar los excesos que cometió Pinochet.

La contención del comunismo en Chile fue una victoria del gobierno estadounidense en el contexto de la guerra fría. Desde el punto de vista del equilibrio de poder en el mundo bipolar, la alternativa al apoyo al golpe de 1973 era esperar a que el gobierno de Allende sucumba por sí mismo (el pésimo manejo de Allende es callado por la izquierda chilena), la cual fue rechazada por el Secretario de Estado Henry Kissinger por demorada y costosa.

Pero no es sostenible que Chile ganase con ello ni que fuese la mejor opción para el pueblo chileno. El daño emocional de miles de familias afectadas por la violencia política y la persecución difícilmente puede ser considerado razonable frente a la derrota del comunismo, en una arena donde los chilenos no eran protagonistas. Es difícil suponer que el comunismo de Allende prevalecería, en especial dada su desastrosa administración, o que provocaría mayores daños que la dictadura.

En cualquier caso, la contención del comunismo no merecía dejar de lado la democracia, una tradición chilena que ya tenía 40 años (algo excepcional para Latinoamérica). Una solución inconstitucional pero más razonable habría sido convocar a elecciones tras el golpe, pero el gobierno militar pensaba en el poder antes que en el bienestar de los chilenos (como hacen patente las millonarias cuentas de Pinochet, algo que callan sus defensores).

El argumento del sostenido desarrollo económico chileno es aún más débil. Las cifras agregadas de crecimiento han sido mayores durante la concertación democrática que durante la dictadura. La represión impidió el cuestionamiento de las políticas económicas asociadas con ciertos representantes de la Escuela de Chicago, que contaron con un campo de prueba para diversas teorías, con la ventaja de que no habría debate sobre el impacto negativo de ellas. En cualquier caso, aún asumiendo que las bases del crecimiento sí se deban a la administración de Pinochet, la gestión democrática ha probado ser un mejor entorno que un totalitarismo de derecha.

El gobierno de Augusto Pinochet deja un legado agrio. No puede olvidarse las más de 3000 muertes que provocó. Esta semana ha sido evidente la profunda división y las heridas sin sanar que su gobierno ocasionó, no sólo entre las familias de los muertos y "desaparecidos", sino entre los exiliados. De forma paradójica, el maltrato a la democracia, supuestamente justificado por la derrota del comunismo, parece haber generado entre los chilenos un genuino compromiso con ella, y un respeto a la institucionalidad. Esto habría motivado la concertación democrática que ha sabido llevar a los chilenos a un mayor bienestar. Esperemos que tras la muerte de Pinochet pueda llevarlos a reparar las fracturas que la dictadura dejó.

Fiyi: un golpe anunciado

Foto: The Associated Press

Frank Bainimarama iba, eventualmente, a dar un golpe de estado contra el débil gobierno de Laisenia Qarase. Las elecciones de mayo pasado, en las cuales Qarase fue reelegido, dejaron a su partido nacionalista, el SDL, con un reducido margen de mayoría en el congreso, lo que aumentó la tensión entre el primer ministro y el militar. Tras el golpe, los fiyianos nacionalistas podrían liderar el repudio contra el golpe, pero hasta ahora la situación es pacífica. Se ha señalado que se respetará el mandato del presidente, Ratu Josefa Iloilo, lo que podría dar algo de estabilidad ante una tormenta en ciernes.

La rebelión en Fiyi deja importantes preguntas pendientes. Lo primero es reflexionar nuevamente sobre lo delicadas que son las democracias, algo que se suele olvidar cuando se piensa en regímenes bien establecidos y duraderos. Una democracia pensada bajo la tradición rousseuaniana requiere una continua realimentación del contrato social. Por eso es que las desigualdades, a menudo étnicas, y los desencuentros, a menudo ideológicos, afectan la viabilidad de las democracias. Eso hace que cuando la población no esté contenta con el desempeño de los gobernantes, no asuma la responsabilidad que le corresponde por haberlos elegido.

Eso es evidente en Fiyi, dividido en torno a las etnias, y que se reflejó en el intento de golpe del 2000 y el tratamiento a los culpables. Bainimarama combatió ese intento, y el pretexto para su rebelión fue el trato indulgente con los rebeldes. La poca confianza que se tenía en los canales democráticos llevó a este caudillo militar a una salida fuera del marco constitucional. La política de Qarase parecía destinada a reducir las tensiones entre los nativos fiyianos y los inmigrantes indios, que fueron los detonantes de los golpes de estado anteriores (el de Bainimarama es el cuarto en menos de veinte años), pero fue muy criticada por un presunto conflicto de intereses. Tampoco ayudaron las acusaciones de corrupción, que restaron legitimidad al régimen.

Lo segundo, es el rol de la comunidad internacional frente a la defensa de la democracia. Se ha señalado que el gobierno de Qarase buscó la ayuda de los gobiernos australiano y neozelandés, pero esta no llegó mas que en forma de una condena a las amenazas de Bainimarama. Hoy muchos estados se han mostrado disconformes con el golpe, pero no cabe duda de que pronto se tolerará una "reestructuración" en Fiyi. Falta un compromiso mayor para defender la democracia: hay mucha retórica pero pocas acciones concretas al respecto.

La situación de Fiyi se verá muy perjudicada en lo económico, pues depende en gran parte del turismo, un sector muy permeable a la agitación política. La posición de Bainimarama tampoco es sólida, pues no es claro si cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas en conjunto. Incluso debió esconderse tras un amotinamiento posterior a la debelación del intento de golpe del 2000. Esto puede ser contradicho por el apoyo del presidente Iloilo, pero no puede olvidarse que gran mayoría de conflictos armados en las últimas dos décadas han sido guerras civiles, sobre todo basadas en reivindicaciones étnicas y políticas.

El Reino Unido nuclear

Foto: The Associated Press

Cuando la tormenta tras la prueba nuclear norcoreana ha amainado, y la comunidad internacional parece estar mejor dispuesta a tolerar la actitud beligerante del gobierno de Pyongyang, el Reino Unido ha decidido fortalecer su posición como potencia nuclear. Tony Blair, que años atrás era partidario de la disminución unilateral del arsenal nuclear británico, está dispuesto a impulsar una inversión de unos 40 billones de dólares para renovar los submarinos nucleares Vanguard y su dotación de misiles Trident. Si bien la nota indica que se prevé una disminución del número de cabezas nucleares (dentro del marco del NNPT), la actualización de su capacidad nuclear muestra que la política exterior británica está orientada hacia la disuasión a través del poderío nuclear y la búsqueda, por la fuerza, de un rol más relevante en el sistema internacional.

Este esfuerzo del gobierno de Blair en aumentar su poderío nuclear es un mal ejemplo en una coyuntura en la que se busca que no siga aumentando el número de países con acceso a armas nucleares. Si las potencias nucleares tradicionales están disminuyendo su arsenal (EEUU y Rusia deberán disminuir una gran parte de los suyos dentro del marco del Tratado de Moscú, Francia también redujo el número de cabezas nucleares de las que disponía), la posición británica no calza con una estrategia de reducir la amenaza nuclear, y refuerza los argumentos de Ahmanidejad y Kim Jong-il para el desarrollo de armas nucleares.

De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, China e Israel ya habrían superado la cantidad de cabezas nucleares con las que cuenta el Reino Unido. Además, China podría haber superado a Francia en el mismo indicador. El gobierno británico, que ha visto comprometida su relevancia en el escenario internacional tras el apoyo a la guerra en Irak y su falta de liderazgo en la UE, parece buscar en la renovación de su flota de submarinos nucleares (una medida que el Partido Laborista objeta) seguridad contra el terrorismo internacional.

Hay dos problemas con eso. Los misiles Trident se basan en la tecnología submarina estadounidense, y el gobierno norteamericano planea eliminar dicho programa en el mediano plazo. Además, las armas nucleares no son el mejor mecanismo de disuasión contra los grupos terroristas (y son costosas), que deberían ser la mayor preocupación del gobierno británico, en especial tras los atentados del año pasado. No creemos que su población vaya a sentirse menos expuesta a las nuevas amenazas, en especial con toda la paranoia que ha surgido tras el caso Litvinenko.

Lo peor es que, además de debilitar el ya tan golpeado marco del NNPT, la actitud del gobierno británico es un aliciente para el desarrollo nuclear norcoreano e iraní –sin contar los otros países que estarían buscando acceder a la energía nuclear-, y eso difícilmente puede hacer que recupere en algo su alicaída imagen ante la comunidad internacional.

El gobierno israelí y el terrorismo palestino

Foto: Omar Tesdell

Beit Jala es un pequeño pueblo cercano a Belén, a 10 kilómetros de Jerusalén, en Cisjordania. Tiene 15,000 habitantes; casi un 80% de ellos son cristianos. Su producción agrícola, que alimenta a la mayor parte de su población, se realiza en dos áreas de 14 km², que también abastecen a la colonia israelí de Gilo. Los planes de extensión del muro de separación entre Israel y Cisjordania prevén que este rodee esas áreas cultivadas y aísle a la población de Beit Jala de su fuente de alimentación, además de menoscabar las exportaciones vitivinícolas.

Lo que podría suceder en Beit Jala es parte de un proceso mayor propiciado por el gobierno israelí que hará imposible una solución de dos estados para el problema israelí-palestino. Toda vez que la conformación de un estado único que incluya a ambas naciones es poco probable (pues el gobierno israelí no parece dispuesto a conceder la igualdad de representación a los palestinos, que no se integrarían sin esa garantía de participación en el gobierno), la colonización de Cisjordania –con la ocupación sobre Jerusalén y, sobre todo, de Belén- hará imposible la aplicación de las resoluciones de la ONU sobre la controversia (las 242 y 1397 del Consejo de Seguridad, y las 181 y 194 de la Asamblea General). Una vez que Israel termine de colonizar áreas estratégicas en Cisjordania, difícilmente se podrá retirar a la población israelí del territorio palestino.

El muro entre Israel y Cisjordania está orientado a desarrollar esa estrategia. Si estuviese destinado a la protección contra ataques terroristas, no tendría que construirse en territorio palestino, sin respetar las demarcaciones establecidas de forma preliminar en la resolución 242. Ello hace pensar más bien en una política que Desmond Tutu llama segregacionista, destinada a hostilizar a la población palestina –con los más de 500 controles de paso establecidos en Cisjordania-, perpetuar la ocupación de los centros de peregrinación religiosa y colonizar cada vez más territorio –apoyada por la integración vial de uso exclusivo para israelíes-. Los planes de un muro que aísle Beit Jala y que eventualmente rodee Belén son una muestra de la decidida estrategia israelí.

En Palestina hay cada vez una mayor desconfianza en una solución diplomática al conflicto, pues la correlación de fuerzas hace poco viable concesiones mutuas, y no parece haber una potencia dispuesta a mediar entre las partes, ni un contrapeso a la posición estadounidense en la ONU. A ello debe añadirse que Hamas ha tenido un valioso rol en la provisión de servicios públicos y seguridad, y que a diferencia de Al Fatah no se ha visto envuelto en acusaciones de corrupción. Su deleznable brazo terrorista se ve alimentado cada vez más por la opresión y la falta de conciliación que el gobierno israelí mantiene frente a la cuestión palestina. Los gobiernos conservadores israelíes son los que generan el odio y la frustración que sólo encuentra mecanismos de expresión en la violencia política. El gobierno israelí es el principal responsable del terrorismo palestino –como lo es del libanés-.

Terrorismo y religión

Foto: Bill Biggart

El estudio "The Strategic Logic of Suicide Terrorism" (2001) de Robert Pape concluye que no es posible establecer una relación entre la religión y los ataques terroristas suicidas, y que las motivaciones políticas son las que llevan a los perpetradores a actuar. Las conclusiones más importantes establecen el valor de las reivindicaciones territoriales de los insurgentes frente a gobiernos democráticos (como son los de los EEUU, Rusia, Turquía, India, Sri Lanka -en cierta época- o Israel), el rol aglutinador de las ideologías nacionalistas y que los atentados no eran aislados, sino que eran parte de una estrategia sistemática y mayor.

El trabajo de Robert Pape deja claro que no es sostenible que los ataques terroristas suicidas sean producto de musulmanes enloquecidos -como sostienen muchos conservadores, sobre todo los estadounidenses-, pues la gran mayoría de ataques terroristas estudiados no partieron de una ideología religiosa. Por lo menos un 40% fueron obra de los Tigres del Tamil –una organización maoísta y, por ende, atea-, unos pocos fueron instigados por separatistas kurdos contra Turquía –ambos comparten la misma religión- y casi todos los restantes fueron ataques de Hezbolláh o de Hamas contra la ocupación israelí en Palestina o en Líbano. No se puede extrapolar los resultados hacia el factor religioso cuando es claro que el elemento esencial fue político. Pape aumentó la data de su estudio y publicó el libro "Dying to Win" en 2005, sin que la violencia posterior a los atentados del 11 de setiembre de 2001 haya variado las conclusiones.

La semana pasada, la Fundación Bertelsmann publicó el informe "Violence, Extremism and Transformation", cuya principal conclusión es que el fanatismo religioso no es la principal causa de la violencia política y el terrorismo. Este reporte, a diferencia del de Pape, se refiere al terrorismo en general, y no sólo a los atentados suicidas. Lo más importante es que se señalan como las causas fundamentales del terrorismo y la violencia política a la pobreza, las divisiones étnicas, los estados fallidos, los sistemas políticos disfuncionales y las intervenciones extranjeras. La mayoría de ellos han sido contemplados en el reporte sobre estados fallidos de la revista Foreign Policy, y dejan claro lo que parecen olvidar los políticos y muchos analistas cuando contemplan el problema del terrorismo: la religión no lleva a la violencia.

El gran reto es corregir las desigualdades basadas en la discriminación –sobre todo étnica-, pues ellas generan violencia. Del mismo modo, el rol de los organismos internacionales –en especial la ONU- para la solución de conflictos territoriales será fundamental para evitar el drama que se vive en diferentes regiones. Esperemos que una revisión de la literatura existente permita dejar de lado las visiones sesgadas que evitan enfrentar los verdaderos problemas.

La censura en Europa

Foto: Armin Wegner

El gobierno francés aprobó una ley que sanciona como delito el negar el genocidio armenio de 1915. Además de que los historiadores siguen discutiendo si se trató en verdad de un genocidio, esta medida alienará aún más al gobierno turco en su búsqueda de ingresar a la UE (sobre todo con la tensión por los resultados de las elecciones en Holanda). Lo que es peor, este es un episodio más en la creciente censura que se ejerce en varios países de la UE, sin que las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, de información y de prensa se hayan pronunciado al respecto.

En la UE es cada vez más fácil restringir la libertad de los ciudadanos. Se suele entender que los límites de la libertad de expresión son los delitos como la difamación o la calumnia, y que un mecanismo de defensa adecuado es la responsabilidad civil, y siempre se trata de fiscalización ex post, salvo casos de tutela judicial preventiva para un caso específico.

Las provisiones legales contra el revisionismo del holocausto judío suponen un quiebre dramático: se aplican ex ante y de forma general, estableciendo una prohibición absoluta que ha afectado incluso a académicos con sustento para sus opiniones divergentes (la prohibición sobre el genocidio armenio sigue una línea similar.). Sobre ello, el argumento de The Economist es bastante bueno: quienes niegan el holocausto deben ser sometidos al escarnio público que merezcan –de ser el caso-, en lugar de verse convertidos en héroes en la lucha por los derechos civiles.

La tibia defensa de la libertad de expresión por la UE cuando se dio la polémica sobre las caricaturas de Mahoma hizo patente la falta de convicción en varios gobiernos de Europa respecto al valor de la libertad de expresión como basamento de la democracia representativa. Lo que es más grave es que fue evidente la falta de consecuencia en la censura, aplicándose un doble estándar: se protege a los judíos con las normas sobre el holocausto, pero no se protege a los musulmanes contra las burlas hacia su personaje sagrado. No estamos de acuerdo con la censura existente y no planteamos que se extienda a los musulmanes la protección que existe respecto a los judíos. Pero si se establecen prohibiciones de ese tipo al menos deberían tener carácter general, pues la distinción entre la protección discrimina a los musulmanes.

La norma del gobierno francés no permitirá obtener mayor información sobre qué sucedió entre turcos y armenios durante la Primera Guerra Mundial y evitará que los académicos que residen en Francia puedan estudiar mejor aquellos casos. Nos parece que es mejor para las víctimas y sus descendientes que se discuta sobre el holocausto o sobre el asunto armenio, en lugar de volver anquilosada su memoria. Lamentamos que la libertad de expresión pueda ser restringida con tanta facilidad, sin que la población (sobre todo la francesa, tan adepta a la defensa de las libertades civiles) se oponga con fortaleza a la privación de una parte fundamental de las garantías que tiene para supervisar la marcha de los asuntos públicos.

Milton Friedman, in memoriam

Foto: University of Chicago Press

"Underlying most arguments against the free market is a lack of belief in freedom itself".
Milton Friedman

Las críticas que se hace a los aportes de Milton Friedman suelen ser poco adecuadas y muestran una falta de comprensión de sus propuestas. El triunfo de la libertad, que estuvo siempre en la base de las ideas de Friedman, en varias batallas contemporáneas, y el paso a la fortaleza del monetarismo, abandonando el keynesianismo, se refleja en diversos campos.

Hoy, la mayoría de países desarrollados y de economías emergentes exitosas basan su fortaleza en un adecuado manejo de la banca central, junto a políticas fiscales responsables y un menor impulso a la búsqueda del pleno empleo, que hace algunas décadas trajo efectos económicos devastadores. Como aspecto teórico, el abandono del control de la demanda, que llevaba a la inflación, dio a los gobiernos una nueva vía para lidiar con las recesiones.

El éxito de la experiencia monetarista en Chile ha sido siempre un buen ejemplo de lo efectivas que son las políticas que proponía Friedman, algo que olvidan quienes critican el que se relacionase con el gobierno de Pinochet. Es importante recordar que Friedman era un académico con una propuesta específica sobre la economía que no tenía reflejo en los abusos del dictador chileno; para todos los efectos, el monetarismo explica mucho del éxito chileno.

Su propuesta de ayuda económica para los pobres que trabajan, por oposición a los pobres desempleados, ha llevado a una drástica disminución de la pobreza en los EEUU. Esto ha sido confirmado por cifras recientes, que muestran el impacto positivo de la política de apoyo a quienes trabajan, logrando mayor bienestar en sus hogares. Con el mismo espíritu, el uso de vouchers en la educación ha sido más resistido, pero por lo menos su justificación llevó a que se implemente mayor libertad de elección en la educación pública, lo que generó competencia y mayor calidad.

Su sugerencia sobre la voluntariedad del servicio militar ha tenido la virtud de salvar muchas vidas y exponer sólo las de aquellos que consideraban que valía la pena hacerlo. Es deleznable que haya guerras, y que deba perderse vidas en su nombre, pero el sistema voluntario evita las distorsiones –e injusticias- que proponía el servicio militar obligatorio. Los señores de la guerra tienen que justificar mejor los conflictos, y eso lleva a una mayor fiscalización de la ciudadanía sobre los ministerios de defensa. Es decir, ganan todos, incluso quienes consideran que ir a la guerra les es un buen negocio.

Milton Friedman ha sido vilipendiado por su relación con Pinochet, Reagan y Thatcher. Creemos que quienes actúen de ese modo no ven más allá: no es sostenible que Friedman haya tenido que ver con los excesos que esos u otros gobernantes hayan podido cometer, y no es parte de su obra ofrecer una justificación para afectaciones a los derechos humanos, restricciones políticas o un alineamiento con el realismo en la política exterior. Cerrarse en aspectos formales evita comprender por qué el desarrollo capitalista liberal actual le debe tanto a uno de sus más insignes promotores.

La UE y Turquía: ¿intolerancia religiosa?

Foto: Library of Congress

En 1959 Turquía solicitó ser admitida en la CEE. Recién en la década de los noventa se iniciaron los procedimientos necesarios para ello, lo que exigió a Turquía una serie de importantes reformas. Hoy, tras la reducción de la injerencia militar en el gobierno, tras suprimir los Tribunales de Seguridad –que sentenciaban a muerte sin respetar el debido proceso-, tras relajar las restricciones sobre la libertad de expresión, tras disminuir su presión sobre la población kurda, tras aceptar el plan Annan para la situación de Chipre –plan al que se opusieron los chipriotas griegos-, y a pesar la sostenida disciplina en las finanzas públicas y un crecimiento económico bastante mayor que el promedio de la UE, la admisión de Turquía vuelve a estancarse.

El reciente ultimátum que la Comisión Europea le ha dado al gobierno turco se refiere directamente a la situación en Chipre. La Comisión demanda que los turcos abran los puertos y aeropuertos que controlan, para favorecer a los griegos. Pero el gobierno turco se opone basándose en que la población turca en Chipre está aislada y recibe un trato desigual por parte del gobierno chipriota. La sensación en la cancillería turca es que ya se ha cumplido con lo que correspondía hacer, tras la aprobación del plan Annan, y que el problema son los griegos.

Esta parece ser sólo una nueva excusa. Cuando Benedicto XVI era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sostuvo que la identidad europea era cristiana, señalando que Europa es un continente basado en una cultura común y no en criterios geográficos. El conservadurismo religioso en Europa se opone a la admisión de Turquía, un estado islamista, pese a que el Islam ya es la segunda religión en la UE. Sostener que la identidad europea es cristiana supone que la gran población europea de profesión musulmana que ya es discriminada verá su ciudadanía europea menguada, como si fueran ciudadanos de segundo rango. Esto se disfraza tras el temor al efecto en el mercado laboral de la inmigración turca, pero ese no impidió el ingreso de Polonia, Rumania o los países bálticos: el tema laboral es sólo otra excusa.

¿Qué significa esto para Turquía? La mesura frente a los atentados de los Halcones de la Libertad del Kurdistán –supuestamente la milicia del Partido Laboral del Kurdistán- es un reflejo de la sintonía del gobierno turco frente a las exigencias de la UE. Pero su posición es cada vez más complicada, pues la población siente, con razón, que están cediendo ante la UE sin recibir nada a cambio. Ello podría explicar las recientes declaraciones de Abdullah Gul, el canciller turco, contra los kurdos: serían un intento de mostrar fortaleza en el campo doméstico. No sólo eso: las reformas tienen altos costos políticos, y mantenerlas sin obtener resultados podría ser insostenible en el mediano plazo.

Se puede argumentar mucho sobre la importancia geopolítica de Turquía para Europa–sobre todo para una solución al problema kurdo, la guerra civil iraquí y el equilibrio en el Asia Central-, pero dudamos que los burócratas de Bruselas y la población europea –que debe ratificar varias decisiones a través de referendos- tengan la entereza política, la agudeza y el criterio para admitir a Turquía.

El proceso de paz nepalés

Foto: National Geographic

Esta semana se ha anunciado que los rebeldes maoístas ligados al Partido Comunista de Nepal y el gobierno nepalés estarían llegando a un acuerdo de paz, que llevaría a una Asamblea Constituyente para el 2007. Si bien la noticia es un alivio para la población nepalesa, especialmente la rural, víctima de la presión de la guerrilla y de los enfrentamientos con el gobierno (se ha estimado en 13,000 los muertos por la guerra civil), los términos del acuerdo no ofrecen soluciones a ciertos problemas que en el mediano plazo pueden minar tanto el proceso de paz como la instauración de un régimen democrático.

Entre los aspectos problemáticos figura el ejército maoísta. No se ha llegado a una decisión de desarmarlo, y su presencia podría intimidar a la población de cara a las elecciones para la Asamblea. Esto es tan cierto para la población del interior como para la de Katmandú, que ya ha sido atacada por los rebeldes. Pero el desarme no es una posibilidad, pues los maoístas sólo dejarían las armas una vez realizadas las elecciones. Una salida distinta sería la intervención de una misión militar de la ONU que custodie las armas, pero es dudoso que la guerrilla la acepte.

Un asunto relevante es cuál sería el estatus de los miembros del ejército rebelde en un Nepal pacificado. Una primera aproximación sería la que se hizo en Angola, donde los guerrilleros fueron incorporados al ejército angoleño. Sin embargo, la incompatibilidad entre la guerrilla y el Ejército Real Nepalés podría traer más problemas que soluciones. Los maoístas son abiertamente hostiles a la monarquía y el Rey Gyanendra los ha combatido vigorosamente, mientras que el Ejército ha sido tradicionalmente leal al Rey, quien pese a las violaciones constitucionales sigue siendo una figura emblemática. Tras la re apertura del Congreso, se declaró el gobierno secular y se limitó el poder real, pero el gobierno se encuentra atrapado entre la guerrilla, el ejército y un débil consenso partidario sobre la transición hacia una democracia.

Lo más preocupante, asumiendo que la guerrilla no sea desarmada, es si sus líderes respetarán los resultados de las elecciones del 2007. Hace meses que se decretó el alto al fuego, y el Partido Comunista ha venido respetando los acuerdos a los que se ha llegado. Pero es dudoso que los maoístas vayan a sentirse cómodos en un escenario democrático en el cual sean sólo una parte más de la Asamblea. Es una muy buena noticia que se esté llegando a acuerdos sobre la democratización de Nepal que pongan fin a un conflicto que empezó hace más de diez años, pero aún debe definirse mecanismos que garanticen elecciones limpias y claras que permitan dejar de lado los conflictos.

¿El desarrollo necesita democracia?

Foto: NIH.

El impulso que Amartya Sen dio a la teoría del desarrollo, convalidado en 1998 con el premio de economía en memoria de Alfred Nobel, permitió un crucial debate sobre las directrices que aumentan el bienestar en un país. Un elemento importante del canon de Sen es la relación entre la democracia y el desarrollo, pues en aquella se establece mecanismos adecuados para supervisar al gobierno y para lidiar con los cambios de manera más dinámica.

Si bien la evidencia que Sen ofrece al respecto es bastante interesante, creemos que es sostenible que un régimen no democrático pueda ser el que genere las condiciones necesarias para el crecimiento, que luego puede llevar a la democracia. Los exitosos casos de Chile, Corea del Sur y Taiwán partieron de regímenes autoritarios, como fueron los de Augusto Pinochet, Park Chung Hee, Chun Doo-hwan y Chiang Kai-shek. El éxito de estos países es incontestable, y la fortaleza de la democracia en los dos primeros es un buen ejemplo del avance desde el autoritarismo.

China, que según varios estudios será la segunda mayor economía del mundo en menos de 20 años, mantiene un asombroso crecimiento económico pese a atropellar de forma sistemática los derechos humanos de millones de chinos.

Tailandia tuvo grandes avances bajo el gobierno de Prem Tinsulanonda, pese a que no fue exactamente representativo. Hoy se sostiene que el general tuvo un importante rol en el reciente golpe de estado del 19 de setiembre. El debate está centrado en cómo llegar a una democracia fuerte, cuando la ampliación del bienestar de los tailandeses es una realidad que superó al idealismo democrático.

La Rusia de Putin se recupera de su transición y, si bien aún tiene mucho por resolver, la mano dura de su presidente los está sacando de la recesión, pese a las flagrantes agresiones contra los chechenios, sus difíciles relaciones con Georgia, Ucrania y Armenia y la tensión con la UE sobre el suministro de energía y la violación de derechos humanos.

El gran crecimiento brasileño en la década del setenta partió de la fortaleza –y los abusos- de sus gobiernos militares, sobre todo el de Ernesto Geisel, una importante figura de la dictadura militar que terminaría devolviendo el poder a los civiles. Otro tanto en Uruguay, bajo el régimen de Juan María Bodaberry.

¿Significa esto que la democracia no es la mejor vía para alcanzar mayor desarrollo? Existe perturbadora evidencia en torno a las virtudes de los autoritarismos para alinear intereses, aún cuando en muchos casos ello implique una grave afrenta a los derechos humanos. Pero hay graves e importantes consecuencias sociales tras los excesos autoritarios. Lo relevante es constatar que la relación "a mayor democracia, mejor desarrollo", es al menos discutible, y que la apología de los derechos humanos debe buscar su fortaleza en lo ético más que en lo económico. Lo que sí parece claro es que luego de regímenes autoritarios que tiendan al desarrollo, se suele llegar a una democracia o al menos a un relajamiento de aquellos.

El fracaso del NNPT

Foto: NARA

Cuando Finlandia se convirtió en el primer firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (NNPT) existían cinco países que contaban con armas nucleares, todos ellos actuales miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. La eficacia del NNPT, que sobre todo buscaba evitar que haya más países con capacidad bélica nuclear, se ha visto minada por los programas nucleares de estados no firmantes, como la India, Pakistán y, en su momento, Sudáfrica. Hay indicios que apuntan a que Israel -otro no firmante- y Arabia Saudita contarían con armas nucleares o al menos tendrían un programa para ello. Corea del Norte abandonó el NNPT y ya realizó su primera prueba nuclear e Irán también parece estar desarrollando armas nucleares, aunque aún no se ha encontrado pruebas suficientes.

A treinta y seis años de entrar en vigencia, el NNPT ha fracasado rotundamente. Los ejemplos de Sudáfrica, que abandonó su programa nuclear -bajo presión-, y en cierta forma de Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania, que entregaron su material bélico a Rusia (lo ideal habría sido destruirlo), no han sido suficientes para que cese el empleo de armas nucleares como medio de disuasión. El justificado temor a su uso permite a quien las posea obtener mayor poderío en las relaciones con otros estados, mientras pone en peligro el delicado equilibrio internacional.

The Economist ha llamado a la situación en la península de Corea "una nueva guerra fría". El término es muy acertado: nadie va a atacar primero, y hay muchos intereses ligados como para hacerlo. Eso deja a Japón en la encrucijada de no poder dejar de lado su pacifismo de posguerra, y a Corea del Sur como un rehén de Kim Jong-il. La protección de China, y en menor medida, de Rusia, blindan al gobierno norcoreano de sanciones desde la ONU.

Irán podría llegar a una situación similar. La limitada reacción internacional ante la prueba nuclear de Corea del Norte, comparada con la intervención en Irak, le ha dado un mensaje claro al gobierno de Ahmanidejad: las armas nucleares son el mejor seguro. Sus rehenes serían Irak, Israel y Turquía. Su blindaje serían también China y Rusia, con importantes intereses económicos y geopolíticos (por ejemplo, la producción petrolera iraní, la cooperación técnica y militar y el control de las rutas a través del estrecho de Ormuz). Las recientes pruebas de misiles del gobierno cerca de Qum, como respuesta a maniobras conjuntas de 25 países -incluyendo a los Estados Unidos- en el Golfo Pérsico, son muestras claras del afán de Teherán por la disuasión.

Además de Corea del Norte e Irak, el frágil equilibrio nuclear entre India y Pakistán ha sido tratado de forma ambivalente por el gobierno de Bush: aliado pero crítico de Pervez Musharraf –buscando controlar la insurgencia afgana-, permisivo con el desarrollo nuclear de Abdul Kalam. The Times UK reportó que según la IAEA Arabia Saudita, Argelia, Egipto, EAU, Marruecos y Túnez planean iniciar programas nucleares pacíficos, una decisión que estaría inspirada por la desidia en el manejo del caso norcoreano. La ejecución del NNPT sufre de falta de coerción, y después de tantos años el escenario no es satisfactorio: está a punto de duplicarse el número de países con armas nucleares.

Chad: la paradoja del crecimiento del PBI

Foto: National Geographic

Cuando se habla sobre estabilidad macroeconómica y conservadurismo fiscal se propone que los gobiernos establezcan las condiciones suficientes para el adecuado funcionamiento del mercado. En el "Reporte sobre los países menos desarrollados 2006" de la UNCTAD se cita el gran crecimiento del PBI de Chad (31% para el 2004). Cuando uno analiza esa información es claro que dicho crecimiento no ha bastado para que las condiciones de vida de los chadianos mejoren al menos lo suficiente para sacar al país del nivel de "país menos desarrollado" (LDC).

Las críticas a las mediciones que utiliza la economía padecen de una inadecuada comprensión de qué quieren decir las cifras. El problema está sobre todo en la lectura que se hace de las cifras. El caso de Chad es ilustrativo. La estadística sobre el PBI debe ser contrastada con otras variables. Entre ellas:

El que la economía crezca a un ritmo tan acelerado es muy apropiado para combatir otros problemas. Factores como las difíciles relaciones con el gobierno sudanés, los conflictos internos con los rebeldes del norte, las guerrillas en la frontera con Darfur, los desplazados por los enfrentamientos en países vecinos, la tensión con las petroleras, las diferencias étnicas y la falta de institucionalidad democrática no pueden ser medidos por la estadística del PBI.

Ante ese panorama es un buen síntoma que a pesar de los serios problemas de infraestructura y de provisión de servicios básicos haya un crecimiento relativamente sostenido. Gran parte del crecimiento se explica por la bonanza en la comercialización de petróleo -aunque preocupa la nacionalización parcial de las filiales de Petronas y Chevron, acusadas de no haber pagado suficientes impuestos-, pero hay otros sectores que están fomentando un bienestar más generalizado, como la industria textil, cervecera, química y la construcción.

Los países limítrofes son un factor determinante en la situación de Chad. La difícil relación con el gobierno sudanés se ve más afectada por la intensidad del conflicto en Darfur, con un éxodo de refugiados y ataques en la frontera entre los dos bandos. Esta semana el gobierno chadiano ha denunciado ataques de la Janjaweed contra aldeas chadianas porque en ellas habría desplazados sudaneses. Las víctimas también han denunciado ataques de árabes chadianos.

Además, tres de los seis vecinos son también LDC –la República Centroafricana, Níger y Sudán- y ocupan casi el 60% de las fronteras chadianas. Esto reduce la posibilidad de Chad de establecer relaciones comerciales productivas. Camerún y Libia aún tienen problemas institucionales, aunque es claro que ha habido mejoras, situación que el presidente Idriss Déby debe aprovechar. Por ejemplo, el oleoducto financiado en 1999 por el Banco Mundial para facilitar la exportación por el Océano Atlántico pasa por territorio camerunés.

El gran reto es procurar que el crecimiento económico pueda verse reflejado en mejoras efectivas para su población. El crecimiento no redunda necesariamente en mayor bienestar pero es fundamental que se dé para que haya algo que redistribuir. La economía de Chad se hace cada vez más productiva, y ese es el primer paso. A partir de ello, las políticas adecuadas empezarán a aumentar la prosperidad de los chadianos.

El liderazgo brasileño

Un diplomático brasileño me comentó hace poco que una de las primeras lecciones que recibió en el Instituto Rio Branco es que Brasil no aspira a ser un líder, ni mundial ni regional. Eso porque suponer que alguien detenta un liderazgo lleva a establecer relaciones de subordinación entre los diferentes estados, y terminaría dando legitimidad a afanes hegemónicos. Al escucharle, tuve la impresión que sonaba a muy deseable buscar una política de integración más bien horizontal, algo que Brasil viene liderando en la OMC a través del G20.

Tras reflexionar sobre esos comentarios llegué a conclusiones diferentes: sí es deseable que los estados busquen el liderazgo, y Brasil debería hacerlo de forma más explícita. La diplomacia demanda fortaleza a los conductores de las negociaciones internacionales, en lugar de procurar la integración por sí misma. Lo multilateral debe orientarse sobre todo a satisfacer las necesidades de cada estado antes que las de la comunidad internacional. Frente a la innegable importancia de los intereses difusos –terrorismo, lavado de dinero, contrabando-, hay también intereses particulares que cada estado pone en la agenda. Es innegable que en la práctica siempre ha habido estados que actúen como líderes, y seguirá habiéndolos.

Para Brasil las posibilidades de éxito en las negociaciones en la OMC, de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad y de avanzar con la estancada agenda de la CSN dependen en gran medida de la voluntad diplomática de Itamaraty para consolidar un liderazgo regional que Brasil ha rehusado. Lograr mayores avances en las duras negociaciones sobre comercio agrícola, en sus planes para aumentar la productividad y en mecanismos que reduzcan la brecha distributiva demandará de Brasil un compromiso político que lo lleve a ser el líder y no sólo un activo integrante de las instituciones y foros correspondientes.

Sudamérica necesita de un Brasil fuerte y decidido, que genere sinergias que beneficien a los diez países con que limita. La CSN no cuenta con una estructura institucional suficiente, pese a que hubo un compromiso en impulsar la agenda común y que ha llevado a la implementación del IIRSA. Lamentablemente esta novísima integración no ha sido seguida en lo político: desde la división que el gobierno de Chávez ha provocado en la CAN, hasta los problemas provocados por Bolivia y Argentina en el suministro energético, además de las diferencias de los países andinos en la negociación de los TLC y la falta de consenso sobre el nuevo miembro del Consejo de Seguridad.

Un gobierno brasileño con una mayor vocación de líder podrá ser un eje integrador para el continente sudamericano. Serviría como equilibrio en el Atlántico, actuando como un nexo comercial y político, uniría el Pacífico a través del IIRSA y conciliaría los desencuentros entre sus vecinos, bajo una política de no injerencia pero siendo un vigoroso mediador de buenos oficios. A partir de un fortalecimiento en Sudamérica, podrá encarar su papel en el G4 y el G20 desde una mejor posición: un influyente líder regional.