Los dilemas libios

Foto: AFP

El caso del personal del hospital de Benghazi acusado por la infección con VIH de 426 niños tiene tres aspectos que hacen que el proceso penal se vea enrarecido, arrastrando a los inculpados - un médico palestino y cinco enfermeras búlgaras- hacia la posibilidad de ser sentenciados a pena de muerte cuando no se ha podido establecer si eran los culpables.

El primero es la tendencia de al-Gaddafi a reencontrarse con la comunidad internacional occidental, tras largos años de aislamiento. Esto puede tener el efecto de minar la legitimidad del dictador como un reformista y un líder para el pan-arabismo, así como marcar el fin de su doctrina de la Jamahiriya (Estado de las Masas, libio y pan-árabe). Para evitar la pérdida de poderío político, al-Gaddafi encontrará muy difícil ceder ante la cerrada defensa que ha hecho la UE y el cabildeo internacional del gobierno búlgaro respecto a los inculpados, pues lo contrario podría dejarlo como aquel que doblega la jurisdicción libia ante "las potencias occidentales" (Angela Merkel y Condoleeza Rice se han expresado contra la sentencia). La presión internacional sobre su gobierno puede ser contraproducente, pues le quitaría margen de acción sobre el tema, politizando aún más la decisión de la Corte Suprema respecto a la apelación que los acusados presentarán contra su sentencia.

El segundo es la siempre complicada demanda de los familiares de las víctimas por hallar culpables, sean quienes sean. El antagonismo que ha presentado la prensa respecto a la judicatura libia y los políticos europeos ha opuesto el interés de "hallar culpables" frente a la defensa de unos supuestos chivos expiatorios. Luc Montagnier, uno de los descubridores del VIH, y de Vittorio Colizzi, profesor de la Universidad de Roma, concluía era que las infecciones fueron anteriores a la llegada de los acusados al hospital, y que lo más probable es que aquellas hayan sido provocadas por los bajos estándares de higiene en que se trabaja en Benghazi. Esto eximiría al personal médico de responsabilidad.

Este testimonio no fue tomado en cuenta por la Corte, y eso se debería al tercer aspecto relevante: si los acusados no son los culpables, todo apunta a una responsabilidad del gobierno como administrador del hospital de Benghazi. Dicho testimonio fue corroborado por un informe publicado este mes por la revista Nature, después de la preclusión del plazo para presentar pruebas. El gobierno libio ha estimado en 10 millones de euros la indemnización por cada niño infectado; sería un tremendo golpe, político y económico, que el gobierno libio resulte responsable de forma vicaria por negligencia.

Parece ser más sencillo pasarle la factura al gobierno búlgaro: se estima que si se paga un "rescate" que corresponda al monto de la reparación del daño a los niños o sus familiares, la pena podría conmutarse. El gobierno búlgaro ha señalado que no pagará, pues ello implicaría aceptar la culpabilidad de las enfermeras. Como sea, es una dura prueba para las nuevas credenciales pro-occidentales de al-Gaddafi, y su manejo de esta situación lo pone en una situación en la cual perderá sin importar la alternativa que escoja. Lo esencial para él será determinar cuál es la pérdida que mejor podrá soportar.

Lo que deja Pinochet

Foto: Thomas Hoepker

Cuando se discute sobre los abusos cometidos durante el gobierno de Augusto Pinochet, sus apologistas suelen insistir en dos supuestos grandes logros del dictador: la contención del comunismo y el desarrollo económico del cual goza Chile hace años. Estas son dos grandes falacias que no deberían ser tomadas en consideración para justificar los excesos que cometió Pinochet.

La contención del comunismo en Chile fue una victoria del gobierno estadounidense en el contexto de la guerra fría. Desde el punto de vista del equilibrio de poder en el mundo bipolar, la alternativa al apoyo al golpe de 1973 era esperar a que el gobierno de Allende sucumba por sí mismo (el pésimo manejo de Allende es callado por la izquierda chilena), la cual fue rechazada por el Secretario de Estado Henry Kissinger por demorada y costosa.

Pero no es sostenible que Chile ganase con ello ni que fuese la mejor opción para el pueblo chileno. El daño emocional de miles de familias afectadas por la violencia política y la persecución difícilmente puede ser considerado razonable frente a la derrota del comunismo, en una arena donde los chilenos no eran protagonistas. Es difícil suponer que el comunismo de Allende prevalecería, en especial dada su desastrosa administración, o que provocaría mayores daños que la dictadura.

En cualquier caso, la contención del comunismo no merecía dejar de lado la democracia, una tradición chilena que ya tenía 40 años (algo excepcional para Latinoamérica). Una solución inconstitucional pero más razonable habría sido convocar a elecciones tras el golpe, pero el gobierno militar pensaba en el poder antes que en el bienestar de los chilenos (como hacen patente las millonarias cuentas de Pinochet, algo que callan sus defensores).

El argumento del sostenido desarrollo económico chileno es aún más débil. Las cifras agregadas de crecimiento han sido mayores durante la concertación democrática que durante la dictadura. La represión impidió el cuestionamiento de las políticas económicas asociadas con ciertos representantes de la Escuela de Chicago, que contaron con un campo de prueba para diversas teorías, con la ventaja de que no habría debate sobre el impacto negativo de ellas. En cualquier caso, aún asumiendo que las bases del crecimiento sí se deban a la administración de Pinochet, la gestión democrática ha probado ser un mejor entorno que un totalitarismo de derecha.

El gobierno de Augusto Pinochet deja un legado agrio. No puede olvidarse las más de 3000 muertes que provocó. Esta semana ha sido evidente la profunda división y las heridas sin sanar que su gobierno ocasionó, no sólo entre las familias de los muertos y "desaparecidos", sino entre los exiliados. De forma paradójica, el maltrato a la democracia, supuestamente justificado por la derrota del comunismo, parece haber generado entre los chilenos un genuino compromiso con ella, y un respeto a la institucionalidad. Esto habría motivado la concertación democrática que ha sabido llevar a los chilenos a un mayor bienestar. Esperemos que tras la muerte de Pinochet pueda llevarlos a reparar las fracturas que la dictadura dejó.

Fiyi: un golpe anunciado

Foto: The Associated Press

Frank Bainimarama iba, eventualmente, a dar un golpe de estado contra el débil gobierno de Laisenia Qarase. Las elecciones de mayo pasado, en las cuales Qarase fue reelegido, dejaron a su partido nacionalista, el SDL, con un reducido margen de mayoría en el congreso, lo que aumentó la tensión entre el primer ministro y el militar. Tras el golpe, los fiyianos nacionalistas podrían liderar el repudio contra el golpe, pero hasta ahora la situación es pacífica. Se ha señalado que se respetará el mandato del presidente, Ratu Josefa Iloilo, lo que podría dar algo de estabilidad ante una tormenta en ciernes.

La rebelión en Fiyi deja importantes preguntas pendientes. Lo primero es reflexionar nuevamente sobre lo delicadas que son las democracias, algo que se suele olvidar cuando se piensa en regímenes bien establecidos y duraderos. Una democracia pensada bajo la tradición rousseuaniana requiere una continua realimentación del contrato social. Por eso es que las desigualdades, a menudo étnicas, y los desencuentros, a menudo ideológicos, afectan la viabilidad de las democracias. Eso hace que cuando la población no esté contenta con el desempeño de los gobernantes, no asuma la responsabilidad que le corresponde por haberlos elegido.

Eso es evidente en Fiyi, dividido en torno a las etnias, y que se reflejó en el intento de golpe del 2000 y el tratamiento a los culpables. Bainimarama combatió ese intento, y el pretexto para su rebelión fue el trato indulgente con los rebeldes. La poca confianza que se tenía en los canales democráticos llevó a este caudillo militar a una salida fuera del marco constitucional. La política de Qarase parecía destinada a reducir las tensiones entre los nativos fiyianos y los inmigrantes indios, que fueron los detonantes de los golpes de estado anteriores (el de Bainimarama es el cuarto en menos de veinte años), pero fue muy criticada por un presunto conflicto de intereses. Tampoco ayudaron las acusaciones de corrupción, que restaron legitimidad al régimen.

Lo segundo, es el rol de la comunidad internacional frente a la defensa de la democracia. Se ha señalado que el gobierno de Qarase buscó la ayuda de los gobiernos australiano y neozelandés, pero esta no llegó mas que en forma de una condena a las amenazas de Bainimarama. Hoy muchos estados se han mostrado disconformes con el golpe, pero no cabe duda de que pronto se tolerará una "reestructuración" en Fiyi. Falta un compromiso mayor para defender la democracia: hay mucha retórica pero pocas acciones concretas al respecto.

La situación de Fiyi se verá muy perjudicada en lo económico, pues depende en gran parte del turismo, un sector muy permeable a la agitación política. La posición de Bainimarama tampoco es sólida, pues no es claro si cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas en conjunto. Incluso debió esconderse tras un amotinamiento posterior a la debelación del intento de golpe del 2000. Esto puede ser contradicho por el apoyo del presidente Iloilo, pero no puede olvidarse que gran mayoría de conflictos armados en las últimas dos décadas han sido guerras civiles, sobre todo basadas en reivindicaciones étnicas y políticas.

El Reino Unido nuclear

Foto: The Associated Press

Cuando la tormenta tras la prueba nuclear norcoreana ha amainado, y la comunidad internacional parece estar mejor dispuesta a tolerar la actitud beligerante del gobierno de Pyongyang, el Reino Unido ha decidido fortalecer su posición como potencia nuclear. Tony Blair, que años atrás era partidario de la disminución unilateral del arsenal nuclear británico, está dispuesto a impulsar una inversión de unos 40 billones de dólares para renovar los submarinos nucleares Vanguard y su dotación de misiles Trident. Si bien la nota indica que se prevé una disminución del número de cabezas nucleares (dentro del marco del NNPT), la actualización de su capacidad nuclear muestra que la política exterior británica está orientada hacia la disuasión a través del poderío nuclear y la búsqueda, por la fuerza, de un rol más relevante en el sistema internacional.

Este esfuerzo del gobierno de Blair en aumentar su poderío nuclear es un mal ejemplo en una coyuntura en la que se busca que no siga aumentando el número de países con acceso a armas nucleares. Si las potencias nucleares tradicionales están disminuyendo su arsenal (EEUU y Rusia deberán disminuir una gran parte de los suyos dentro del marco del Tratado de Moscú, Francia también redujo el número de cabezas nucleares de las que disponía), la posición británica no calza con una estrategia de reducir la amenaza nuclear, y refuerza los argumentos de Ahmanidejad y Kim Jong-il para el desarrollo de armas nucleares.

De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, China e Israel ya habrían superado la cantidad de cabezas nucleares con las que cuenta el Reino Unido. Además, China podría haber superado a Francia en el mismo indicador. El gobierno británico, que ha visto comprometida su relevancia en el escenario internacional tras el apoyo a la guerra en Irak y su falta de liderazgo en la UE, parece buscar en la renovación de su flota de submarinos nucleares (una medida que el Partido Laborista objeta) seguridad contra el terrorismo internacional.

Hay dos problemas con eso. Los misiles Trident se basan en la tecnología submarina estadounidense, y el gobierno norteamericano planea eliminar dicho programa en el mediano plazo. Además, las armas nucleares no son el mejor mecanismo de disuasión contra los grupos terroristas (y son costosas), que deberían ser la mayor preocupación del gobierno británico, en especial tras los atentados del año pasado. No creemos que su población vaya a sentirse menos expuesta a las nuevas amenazas, en especial con toda la paranoia que ha surgido tras el caso Litvinenko.

Lo peor es que, además de debilitar el ya tan golpeado marco del NNPT, la actitud del gobierno británico es un aliciente para el desarrollo nuclear norcoreano e iraní –sin contar los otros países que estarían buscando acceder a la energía nuclear-, y eso difícilmente puede hacer que recupere en algo su alicaída imagen ante la comunidad internacional.

El gobierno israelí y el terrorismo palestino

Foto: Omar Tesdell

Beit Jala es un pequeño pueblo cercano a Belén, a 10 kilómetros de Jerusalén, en Cisjordania. Tiene 15,000 habitantes; casi un 80% de ellos son cristianos. Su producción agrícola, que alimenta a la mayor parte de su población, se realiza en dos áreas de 14 km², que también abastecen a la colonia israelí de Gilo. Los planes de extensión del muro de separación entre Israel y Cisjordania prevén que este rodee esas áreas cultivadas y aísle a la población de Beit Jala de su fuente de alimentación, además de menoscabar las exportaciones vitivinícolas.

Lo que podría suceder en Beit Jala es parte de un proceso mayor propiciado por el gobierno israelí que hará imposible una solución de dos estados para el problema israelí-palestino. Toda vez que la conformación de un estado único que incluya a ambas naciones es poco probable (pues el gobierno israelí no parece dispuesto a conceder la igualdad de representación a los palestinos, que no se integrarían sin esa garantía de participación en el gobierno), la colonización de Cisjordania –con la ocupación sobre Jerusalén y, sobre todo, de Belén- hará imposible la aplicación de las resoluciones de la ONU sobre la controversia (las 242 y 1397 del Consejo de Seguridad, y las 181 y 194 de la Asamblea General). Una vez que Israel termine de colonizar áreas estratégicas en Cisjordania, difícilmente se podrá retirar a la población israelí del territorio palestino.

El muro entre Israel y Cisjordania está orientado a desarrollar esa estrategia. Si estuviese destinado a la protección contra ataques terroristas, no tendría que construirse en territorio palestino, sin respetar las demarcaciones establecidas de forma preliminar en la resolución 242. Ello hace pensar más bien en una política que Desmond Tutu llama segregacionista, destinada a hostilizar a la población palestina –con los más de 500 controles de paso establecidos en Cisjordania-, perpetuar la ocupación de los centros de peregrinación religiosa y colonizar cada vez más territorio –apoyada por la integración vial de uso exclusivo para israelíes-. Los planes de un muro que aísle Beit Jala y que eventualmente rodee Belén son una muestra de la decidida estrategia israelí.

En Palestina hay cada vez una mayor desconfianza en una solución diplomática al conflicto, pues la correlación de fuerzas hace poco viable concesiones mutuas, y no parece haber una potencia dispuesta a mediar entre las partes, ni un contrapeso a la posición estadounidense en la ONU. A ello debe añadirse que Hamas ha tenido un valioso rol en la provisión de servicios públicos y seguridad, y que a diferencia de Al Fatah no se ha visto envuelto en acusaciones de corrupción. Su deleznable brazo terrorista se ve alimentado cada vez más por la opresión y la falta de conciliación que el gobierno israelí mantiene frente a la cuestión palestina. Los gobiernos conservadores israelíes son los que generan el odio y la frustración que sólo encuentra mecanismos de expresión en la violencia política. El gobierno israelí es el principal responsable del terrorismo palestino –como lo es del libanés-.