El Reino Unido nuclear

Foto: The Associated Press

Cuando la tormenta tras la prueba nuclear norcoreana ha amainado, y la comunidad internacional parece estar mejor dispuesta a tolerar la actitud beligerante del gobierno de Pyongyang, el Reino Unido ha decidido fortalecer su posición como potencia nuclear. Tony Blair, que años atrás era partidario de la disminución unilateral del arsenal nuclear británico, está dispuesto a impulsar una inversión de unos 40 billones de dólares para renovar los submarinos nucleares Vanguard y su dotación de misiles Trident. Si bien la nota indica que se prevé una disminución del número de cabezas nucleares (dentro del marco del NNPT), la actualización de su capacidad nuclear muestra que la política exterior británica está orientada hacia la disuasión a través del poderío nuclear y la búsqueda, por la fuerza, de un rol más relevante en el sistema internacional.

Este esfuerzo del gobierno de Blair en aumentar su poderío nuclear es un mal ejemplo en una coyuntura en la que se busca que no siga aumentando el número de países con acceso a armas nucleares. Si las potencias nucleares tradicionales están disminuyendo su arsenal (EEUU y Rusia deberán disminuir una gran parte de los suyos dentro del marco del Tratado de Moscú, Francia también redujo el número de cabezas nucleares de las que disponía), la posición británica no calza con una estrategia de reducir la amenaza nuclear, y refuerza los argumentos de Ahmanidejad y Kim Jong-il para el desarrollo de armas nucleares.

De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, China e Israel ya habrían superado la cantidad de cabezas nucleares con las que cuenta el Reino Unido. Además, China podría haber superado a Francia en el mismo indicador. El gobierno británico, que ha visto comprometida su relevancia en el escenario internacional tras el apoyo a la guerra en Irak y su falta de liderazgo en la UE, parece buscar en la renovación de su flota de submarinos nucleares (una medida que el Partido Laborista objeta) seguridad contra el terrorismo internacional.

Hay dos problemas con eso. Los misiles Trident se basan en la tecnología submarina estadounidense, y el gobierno norteamericano planea eliminar dicho programa en el mediano plazo. Además, las armas nucleares no son el mejor mecanismo de disuasión contra los grupos terroristas (y son costosas), que deberían ser la mayor preocupación del gobierno británico, en especial tras los atentados del año pasado. No creemos que su población vaya a sentirse menos expuesta a las nuevas amenazas, en especial con toda la paranoia que ha surgido tras el caso Litvinenko.

Lo peor es que, además de debilitar el ya tan golpeado marco del NNPT, la actitud del gobierno británico es un aliciente para el desarrollo nuclear norcoreano e iraní –sin contar los otros países que estarían buscando acceder a la energía nuclear-, y eso difícilmente puede hacer que recupere en algo su alicaída imagen ante la comunidad internacional.

La censura en Europa

Foto: Armin Wegner

El gobierno francés aprobó una ley que sanciona como delito el negar el genocidio armenio de 1915. Además de que los historiadores siguen discutiendo si se trató en verdad de un genocidio, esta medida alienará aún más al gobierno turco en su búsqueda de ingresar a la UE (sobre todo con la tensión por los resultados de las elecciones en Holanda). Lo que es peor, este es un episodio más en la creciente censura que se ejerce en varios países de la UE, sin que las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, de información y de prensa se hayan pronunciado al respecto.

En la UE es cada vez más fácil restringir la libertad de los ciudadanos. Se suele entender que los límites de la libertad de expresión son los delitos como la difamación o la calumnia, y que un mecanismo de defensa adecuado es la responsabilidad civil, y siempre se trata de fiscalización ex post, salvo casos de tutela judicial preventiva para un caso específico.

Las provisiones legales contra el revisionismo del holocausto judío suponen un quiebre dramático: se aplican ex ante y de forma general, estableciendo una prohibición absoluta que ha afectado incluso a académicos con sustento para sus opiniones divergentes (la prohibición sobre el genocidio armenio sigue una línea similar.). Sobre ello, el argumento de The Economist es bastante bueno: quienes niegan el holocausto deben ser sometidos al escarnio público que merezcan –de ser el caso-, en lugar de verse convertidos en héroes en la lucha por los derechos civiles.

La tibia defensa de la libertad de expresión por la UE cuando se dio la polémica sobre las caricaturas de Mahoma hizo patente la falta de convicción en varios gobiernos de Europa respecto al valor de la libertad de expresión como basamento de la democracia representativa. Lo que es más grave es que fue evidente la falta de consecuencia en la censura, aplicándose un doble estándar: se protege a los judíos con las normas sobre el holocausto, pero no se protege a los musulmanes contra las burlas hacia su personaje sagrado. No estamos de acuerdo con la censura existente y no planteamos que se extienda a los musulmanes la protección que existe respecto a los judíos. Pero si se establecen prohibiciones de ese tipo al menos deberían tener carácter general, pues la distinción entre la protección discrimina a los musulmanes.

La norma del gobierno francés no permitirá obtener mayor información sobre qué sucedió entre turcos y armenios durante la Primera Guerra Mundial y evitará que los académicos que residen en Francia puedan estudiar mejor aquellos casos. Nos parece que es mejor para las víctimas y sus descendientes que se discuta sobre el holocausto o sobre el asunto armenio, en lugar de volver anquilosada su memoria. Lamentamos que la libertad de expresión pueda ser restringida con tanta facilidad, sin que la población (sobre todo la francesa, tan adepta a la defensa de las libertades civiles) se oponga con fortaleza a la privación de una parte fundamental de las garantías que tiene para supervisar la marcha de los asuntos públicos.

La UE y Turquía: ¿intolerancia religiosa?

Foto: Library of Congress

En 1959 Turquía solicitó ser admitida en la CEE. Recién en la década de los noventa se iniciaron los procedimientos necesarios para ello, lo que exigió a Turquía una serie de importantes reformas. Hoy, tras la reducción de la injerencia militar en el gobierno, tras suprimir los Tribunales de Seguridad –que sentenciaban a muerte sin respetar el debido proceso-, tras relajar las restricciones sobre la libertad de expresión, tras disminuir su presión sobre la población kurda, tras aceptar el plan Annan para la situación de Chipre –plan al que se opusieron los chipriotas griegos-, y a pesar la sostenida disciplina en las finanzas públicas y un crecimiento económico bastante mayor que el promedio de la UE, la admisión de Turquía vuelve a estancarse.

El reciente ultimátum que la Comisión Europea le ha dado al gobierno turco se refiere directamente a la situación en Chipre. La Comisión demanda que los turcos abran los puertos y aeropuertos que controlan, para favorecer a los griegos. Pero el gobierno turco se opone basándose en que la población turca en Chipre está aislada y recibe un trato desigual por parte del gobierno chipriota. La sensación en la cancillería turca es que ya se ha cumplido con lo que correspondía hacer, tras la aprobación del plan Annan, y que el problema son los griegos.

Esta parece ser sólo una nueva excusa. Cuando Benedicto XVI era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sostuvo que la identidad europea era cristiana, señalando que Europa es un continente basado en una cultura común y no en criterios geográficos. El conservadurismo religioso en Europa se opone a la admisión de Turquía, un estado islamista, pese a que el Islam ya es la segunda religión en la UE. Sostener que la identidad europea es cristiana supone que la gran población europea de profesión musulmana que ya es discriminada verá su ciudadanía europea menguada, como si fueran ciudadanos de segundo rango. Esto se disfraza tras el temor al efecto en el mercado laboral de la inmigración turca, pero ese no impidió el ingreso de Polonia, Rumania o los países bálticos: el tema laboral es sólo otra excusa.

¿Qué significa esto para Turquía? La mesura frente a los atentados de los Halcones de la Libertad del Kurdistán –supuestamente la milicia del Partido Laboral del Kurdistán- es un reflejo de la sintonía del gobierno turco frente a las exigencias de la UE. Pero su posición es cada vez más complicada, pues la población siente, con razón, que están cediendo ante la UE sin recibir nada a cambio. Ello podría explicar las recientes declaraciones de Abdullah Gul, el canciller turco, contra los kurdos: serían un intento de mostrar fortaleza en el campo doméstico. No sólo eso: las reformas tienen altos costos políticos, y mantenerlas sin obtener resultados podría ser insostenible en el mediano plazo.

Se puede argumentar mucho sobre la importancia geopolítica de Turquía para Europa–sobre todo para una solución al problema kurdo, la guerra civil iraquí y el equilibrio en el Asia Central-, pero dudamos que los burócratas de Bruselas y la población europea –que debe ratificar varias decisiones a través de referendos- tengan la entereza política, la agudeza y el criterio para admitir a Turquía.